Mentiras, grandes mentiras y estadísticas. A juzgar por los datos que vamos conociendo sobre el estado de algunas cuentas públicas y de los llamados “activos tóxicos” que envenenan los libros de cuentas de los bancos, en eso andamos. Tal y como pintan las cosas, no nos podemos fiar de nadie. Dicho esto, la prudencia aconsejaría añadir que no todos los bancos están en las mismas condiciones; que una cosa son las cajas y otra los bancos. Es verdad.
Pero, ¿quién nos dice que lo que hoy tenemos por cierto no va a ser desmentido mañana? ¿Quién puede asegurar que no nos vamos a llevar otro chasco como el de las cuentas de Madrid? ¡2.000 millones más de déficit en la comunidad que se presentaba como ejemplo ante el resto de las instituciones públicas españolas! Tanto criticar -con razón, a Elena Salgado- por la “distracción” de cuatro puntos en la cifra de déficit y ahora resulta que había tres comunidades (la citada Madrid, Valencia y, en menor medida, Castilla y León) que también habían optado por el mismo atajo: pedir a las estadísticas que arreglaran los desaguisados de la política.
No es serio. Falta seriedad en la política española. Y falta vergüenza torera. ¿A qué esperan los responsables del maquillaje de las cuentas para pedir disculpas por la torpeza o el engaño? Hablando de pedir disculpas, ¿a qué esperan los anteriores responsables de Bankia, Rodrigo Rato, y su segundo, José Luis Olivas? ¿Cuánto tiempo estuvieron proclamando ante los impositores y accionistas la solvencia de esta entidad hoy intervenida por el Estado? Y, ¿qué decir de la Inspección del Banco de España? ¿Seguirá mudo el señor Fernández Ordóñez? Si sabían como estaban la cuentas de Bankia y demás cajas y no lo dijeron, mal. Si no lo sabían, peor. Tengo para mí que llegados a este punto si lo importante es asegurar la solvencia financiera de los bancos lo urgente es recuperar la confianza en el sistema. Visto lo visto, tenemos derecho a pensar que hay tantas mentiras como estadísticas.
Con la prima de riesgo por encima de los quinientos puntos, parecería llegada la hora de reclamar a la clase política responsabilidad y altura de miras. La incertidumbre que tumba o aplaza las expectativas de salida de la crisis se agranda cuando se observa cómo los políticos (Rajoy, Rubalcaba, los demás) se atrincheran y derrochan energías en las miserias de la confrontación partidista. Las sesiones de control en el Congreso abren el camino de la melancolía. El Gobierno no acierta a disimular el desconcierto que atenaza a los responsables del área económica (de Guindos, Montoro, etc) porque observan con estupor que ni las medidas, ni los recortes, han servido para rebajar la presión salvaje de los mercados. Mientras tanto, la oposición comparece a paso de buey, esperando que sea el tiempo su principal aliado en la estrategia orientada al desgaste del Ejecutivo. Se diría que ni los unos ni los otros han caído en la cuenta de que estamos como quien dice soportando una guerra. Un ataque que se libra en el mundo de la economía, pero que es una guerra.
Es hora, pues, de que unos y otros se olviden de sus estrategias partidistas y empiecen a pensar en el interés de España y en el de todos los españoles. Pensar en cómo salir de ésta: juntos. Gobierno y oposición. PP, PSOE y el resto de las fuerzas parlamentarias. Lo que está en juego va más allá del horizonte de una legislatura.
En los convulsos días de la Transición, el barco llegó a puerto porque, amén del coraje de Adolfo Suárez y del talento del profesor Fuentes Quintana, los restantes líderes (políticos, sindicalistas y empresarios), aparcaron sus diferencias a favor de un ideal superior: salvar la democracia y sacar al país de la crisis económica. Los libros de Historia recogen los Pactos de la Moncloa como el hito que transformó aquella aventura en un sólido edificio. Puede que estemos necesitando algo parecido.
Otros Pactos de la Moncloa para salvar al país del espectacular acoso al que está siendo sometido en los mercados donde se especula de manera salvaje con nuestra deuda y nuestro futuro. No veo otra forma, digna, de zafarnos de la tormenta perfecta que se avizora en el tobogán de la Bolsa.
Un año después de aquellas movilizaciones multitudinarias que conmovieron España había expectación para comprobar si “los del 15 M” conservaban su capacidad de convocatoria o si, por el contrario, el movimiento se había diluido entre los pliegues del paso del tiempo. Las concentraciones del pasado domingo en Madrid, Barcelona y otras capitales -con la llamativa, por minoritaria, excepción de las andaluzas-, ofreció la prueba esperada: los “indignados” conservan poder de convocatoria pero ya no es aquella marea de hace un año. Y eso, a pesar de las raíces políticas izquierdistas del movimiento y de que la situación económica y social por -obra de los recortes -se ha tensado mucho desde que gobierna el Partido Popular. Un Gobierno que, como digo, ha decretado no pocos recortes, pero que dispone de mayoría parlamentaria obtenida legítimamente en las urnas. Aspecto éste, muy importante, a la hora de avizorar los rasgos sociológicos de los movimientos de masas.
¿Qué quedará del 15 M? Esta es otra de las preguntas que se hacían los observadores de la cosa pública. A esta pregunta habría que añadir una más: ¿con el concurso y apoyo de los grandes medios de comunicación o sin ellos? Tengo para mí que este es asunto capital. La televisión, las redes sociales, el neolenguaje de los jóvenes a través de Twitter, han desempeñado un papel importante en la difusión y expansión de un movimiento que más que un discurso político articulado lo que promueve son eslóganes y consignas la mar de las veces dictadas por la ingenuidad o el alejamiento (voluntario) de los usos de la política tradicional.
Creo que lo que va a quedar del 15 M son algunas preguntas. ¿Por qué las urnas no castigan a los políticos corruptos? ¿Por qué los partidos no permiten las listas abiertas? ¿Por qué no cambian la ley electoral? ¿Por qué la democracia se desdibuja en las componendas de los partidos políticos transformándose en partitocracia? ¿Por qué no está regulada la dación para cancelar las hipotecas evitando los desahucios ? ¿Por qué…?
Del 15 M, quedarán algunas preguntas cuya respuesta corresponde a las instituciones y a los políticos elegidos democráticamente. No es poco.
¿Entra o no entra en los planes del Gobierno la nacionalización de Bankia? Si damos crédito al último comunicado del Ministerio de Economía, no. Si, por el contrario, analizamos las anfibológicas declaraciones del Presidente Rajoy, sí. Es evidente que en un asunto de tanta trascendencia convendría que el Gobierno mantuviera un mismo criterio y un solo discurso.
Por desgracia y para desconcierto de observadores y analistas -y también de los inversionistas- no es así. Se ha llegado a publicar que el Consejo de Ministros del viernes autorizará la inyección de 10.000 millones de euros para hacer frente a la precaria situación de Bankia y, también, lo contrario: que no habrá aportación directa porque la intervención del ministro de Guindos no irá más allá de forzar la dimisión de Rodrigo Rato y aupar a José Ignacio Goirigolzarri a la presidencia de la entidad.
Falta información y eso crea un caldo de cultivo en el que florecen todo tipo de especulaciones que provocan incertidumbre entre los accionistas y pánico entre los impositores que tienen depositados sus ahorros en Bankia. El negocio bancario se basa en la confianza y en las actuales circunstancias esta entidad la está perdiendo a chorros. Falta transparencia y también determinación por parte de las autoridades económicas para exigir responsabilidades a los gestores que han llevado a Bankia a la situación en la que se encuentra.
¿Dónde estaba la inspección del Banco de España? Que haya sido una empresa auditora (Deloitte) quien se haya negado a firmar un informe sobre el estado de las cuentas de Bankia deja en muy mal lugar al gobernador Fernández Ordóñez. Los ciudadanos tenemos derecho a saber si los Miguel Blesa, Moral Santín y demás responsables de haber llevado a Caja Madrid hacia el precipicio se irán de rositas. Visto como dejan el banco, también sería interesante saber si los miembros del consejo saliente, con Rato y Oliva a la cabeza, tendrán el detalle de renunciar a sus copiosas indemnizaciones. Qué menos. En asuntos como este, habría que actuar como lo han hecho en Islandia: llevando el caso ante la justicia. Tenemos derecho a saber si, además de incompetencia, hubo corrupción.
Cuando antes de ayer, Mariano Rajoy le dijo a Carlos Herrera que su “última intención, lo último que haría, sería inyectar dinero público para sanear la banca, pero que si, finalmente fuera necesario, no dudaría en hacerlo”, todos entendimos a quién se refería: “Bankia y en botella”. Habló Rajoy entre las nueve y las diez de la mañana y fue en ese momento cuando Rodrigo Rato tomó la decisión de dimitir como presidente de Bankia. Unas horas después, tras repasar por enésima vez el comunicado de prensa en el que no dice por qué se va, abandonó el banco y, probablemente, también la política.
Son varias las versiones que circulan por la capital acerca de las presiones que habría recibido el antaño número dos y “príncipe del PP”. Presiones de Luis de Guindos, un antiguo pupilo que a la sazón es nada menos que el ministro de Economía. Presiones y hasta humillaciones: de Guindos le convocó el pasado viernes por la tarde, pero no le recibió a solas. Al llegar, como se ha contado ya, Rato se topó con que le estaban esperando sus tres grandes competidores: Botín, Francisco González y Fainé. Desde la perspectiva del citado, la reunión le debió parecer una de aquellas sesiones secretas del Consejo de los Diez veneciano en las que el reo salía como había entrado: sentenciado. Solo Rajoy podía haberlo salvado dándole la prórroga, el tiempo que Rato pedía para demostrar que podía sanear Bankia sin ser intervenido. Rajoy podía, pero no quiso: los 31.000 y pico millones de activos de ladrillo tóxicos que tienen entrampado al banco han sido decisivos a la hora de dejar caer al antiguo “príncipe del PP”.
Sin olvidar, claro está, el registro político de la cosa porque, como decía Ciorán, la primera preocupación de quien se hace con el poder es hacer desaparecer a sus amigos, a quienes han recorrido a su lado el mismo camino.
Cuando se anuncian nuevos peajes y recortes, los ciudadanos tienen derecho a preguntar por qué los políticos que deciden sobre nuestras vidas no dan ejemplo con sus actos. No pagan por viajar en coche oficial pero algunos barruntan la posibilidad de cobrar a los enfermos que necesiten ser trasladados en ambulancia. En Cataluña quieren cobrar por la estancia y la comida que se despacha en los hospitales, pero ni al señor Artur Mas ni a sus colaboradores se les ha pasado por la cabeza cerrar la docena de oficinas/embajada que la “Generalitat” tiene repartidas en una decena de países. Tampoco parece que vaya a prescindir de alguno de los seis canales de la televisión autonómica, pese a que TV3 está endeudada hasta las cejas, como, por lo demás, lo están el resto de los canales públicos.
En Madrid, la presidenta Aguirre quiere cobrar peajes en algunas carreteras. En Baleares, el presidente, José Ramón Bauza, ha cerrado dos hospitales. Se habla de más pagos y más recortes en servicios públicos pero no se habla en serio de podar el frondoso árbol de las cuatro administraciones que se solapan. En España salimos a 63 funcionarios por cada mil habitantes; en Alemania, que casi nos dobla en población, no pasan de 50. El modelo autonómico ha contribuido a la modernización del país, pero sus actuales dimensiones son insostenibles. Lo saben los políticos, pero como parte afectada, miran hacia otro sitio cada vez que alguna voz señala lo que es evidente: que al doblar competencias -triplicar o cuadruplicar si incluimos ayuntamientos y diputaciones-, no hay presupuesto que lo aguante.
Y en esas estamos: subiendo impuestos y recortando en sanidad, educación, investigación y defensa porque ningún político quiere quedarse sin coche oficial. Mal vamos.
